Tarifazo o del autoritarismo leonés: la mecha de la organización social

felicidades
Foto por Uriel de Jesús Juárez.  Instagram: @patricklanda29

En días pasados la ciudad de León, Guanajuato presenció y protagonizó parte de la convulsión social que de manera generalizada se dejó ver a lo largo y ancho del país, a causa de la mala gobernanza y de la enclenque, corrupta e inexperta administración de los recursos nacionales. Sí, debemos subrayarlo, no es el gasolinazo el origen de las movilizaciones que comenzaron junto con el año; es, acaso, el detonante. El descontento y la rabia vienen creciendo junto con la historia de nuestro país, y, de manera exacerbada, en nuestra historia más reciente.

En León no es distinto. No en esencia. Si dejamos de lado la cada día más cruda desigualdad social, en la que la mancha urbana se ha dividido en zonas de “vida” y zonas de muerte -sí, sin comillas-; si dejamos de lado que entre el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde Héctor López Santillana están haciendo de la ciudad una ciudad a la que solo las minorías tienen acceso -la movilidad es un excelente ejemplo, reservada solo para automóviles y ahora solo para un estrato menor de la población que puede pagar el incremento tarifario-; si dejamos de lado que hay más casinos, bares, antros y moteles construidos que bibliotecas; si dejamos de lado que la inseguridad va en incremento al grado de que no hay leonés que no conozca a alguna víctima de acoso, robo, asalto o asesinato -o que lo haya experimentado por sí mismo; si olvidamos que están por construir un megapropyecto privado llamado City Park León para el cual no ha habido estudios de impacto ambiental, vial, económico o social, sino solo cifras fantasma sobre creación de empleos; si olvidamos que acordaron la construcción de ese proyecto sin consultar a la ciudadanía sobre los usos y significados de su parque público, el Parque los Cárcamos; si olvidamos que han aprobado cada etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) sin fomentar la participación de los usuarios, asumiendo cuáles son las rutas necesarias e imponiendo diseños de estaciones que han dañado el patrimonio arbóreo de la ciudad; si olvidamos que se prometió un transporte de mejor calidad el cual está aún ausente; si omitimos el hecho de que poco a poco León, como Guanajuato, se vuelve un imán de inversiones extranjeras, tanto turísticas como industriales, que no redundan lo suficiente en la economía local, ni en el bienestar de las personas. Si dejamos de lado ésos y más atropellos cometidos en contra de los leoneses, podemos decir que León no es distinto.

En diciembre del año pasado se aprobó (se impuso) el cambio de la tarifa del transporte público, donde la Comisión Mixta Tarifaria, integrada solo por concesionarios y autoridades, sesionó a puerta cerrada y sin medios. A las afueras de la Casa Municipal, ciudadanos inconformes se manifestaron de manera pacífica mientras detrás de una muralla de policías se jugaba con la decisión y necesidades de la gente.

El 2 de enero, durante la primera marcha en contra del alza al transporte público, los ciudadanos se encontraban reflexionando en colectividad lo sucedido y generando propuestas legales, sociales y políticas. Encabezados por la Coordinadora Popular Leonesa, agrupación de un buen número de organizaciones sociales y colectivos de la ciudad, los ciudadanos se reunieron a buscar soluciones ejerciendo la democracia que las autoridades desconocen.

Lo que el gobierno y el alcalde no previeron es que la protesta tomara cuerpo y se prolongara durante al menos todo el resto de la primera semana de enero. Es decir, creyeron que la sociedad no sería capaz de organizarse y asumieron que este atropello a los derechos humanos, al igual que el resto, sería eventualmente olvidado. El trago amargo de realidad para el alcalde Héctor López Santillana lo llevó a hacer manifiesta su inconformidad con la protesta y el reclamo social, escudándose en la difusión que se hizo de su domicilio, por lo cual dijo temer por su vida. Fichó a varios activistas como “alteradores del orden público” y los difamó a través de medios de comunicación oficiales. Su molestia se tradujo en lo que sería el preludio de la criminalización de la protesta, de saqueos propiciados por autoridades y de la generalización del pánico, con el único objetivo de justificar el uso indiscriminado de la fuerza pública y de provocar la resignación de la sociedad.

Aun así, la sociedad civil sigue organizada y buscando grietas por donde permear en el gobierno neoliberal que impera en León. Libre de miedo a expresar su descontento, exenta del pavor que ha intentado promover la administración, la sociedad leonesa busca opciones al desarrollo. Los procesos de organización social que se han ido gestando en la ciudad, no tienen precedentes, pues comienzan a dar muestra de una reflexión necesaria para todo México: la organización es la vida. Ante la destrucción y expoliación en manos de los gobiernos locales y del sector privado, los leoneses buscan opciones reales para frenar el despojo de los espacios urbanos.

La única herramienta que acaso nos queda como ciudadanos, privados del ejercicio político dentro de las instituciones, es la recuperación de nuestra agencia, de nuestra capacidad de solucionar problemas colectivamente, fuera del radio de influencia de los partidos y del gobierno. Ejemplos sobran de cómo la sociedad civil organizada puede hacer que los gobiernos escuchen la voz de la inconformidad y, en el mejor de los casos, que gobernantes abandonen su cargo si han incurrido en malos manejos y corrupción.

Es importante que la política comience desde nuestros barrios, colonias y comunidades. Que logremos articular esfuerzos, vinculándonos con otras organizaciones sociales y colectivos. Que no nos dejemos dirigir por oportunistas con intereses electorales. Que resingifiquemos la concepción de hacer política. Que caminemos hacia la apropiación de nuestros espacios y exijamos una ciudad más digna, más accesible para todos y más justa.

El incremento tarifario puede o no mantenerse, pues ya ha habido muestra de la insensibilidad de los gobernantes y de su expreso despotismo. Prefieren un costo político prolongado, y tal vez un buen negocio, que reconocer su error, dejar de lado su marco ideológico y encontrar alternativas. La exigencia de reducción del costo del transporte público en poco tiempo migrará a la exigencia de una ciudad más humana, menos contaminada, menos motorizada; más para las personas y menos para los automóviles. En palabras de activistas integrantes de la Coordinadora Popular Leonesa y a cargo del colectivo Red Alebrije, Gabriela Arriola Cadena y Pablo Garciagómez Sivertson: los procesos autogestivos ciudadanos implican una autogestión de la movilidad. En este sentido, el reclamo por un transporte más justo y accesible conlleva no solo la creación de un transporte público más seguro, menos contaminante, más económico, más eficiente, más universal e inclusivo. Se relaciona directamente con una ciudad más transitable por todas y todos, y en las formas en las que cada quien decida ejercer su derecho a la movilidad.

El autoritarismo leonés, como todo autoritarismo, tiene un límite: la voz articulada del pueblo. Es esa voz articulada la que ya no se dejará silenciar por las autoridades y sorprender por el desarrollismo. En León, como nunca antes, ya se huele la rebeldía organizada.

Alonso Merino Lubetzky

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